"Muerto el perro y se acabó la rabia"

Santo Domingo - Durante años, he planteado que en República Dominicana se hace necesario una reforma constitucional que contemple la aplicación de la pena de muerte y cadena perpetua para delincuentes que, sin ninguna piedad, asesinan a ciudadanos decentes, honrados y trabajadores para despojarlos de sus pertenencias; o para aquellos antisociales que violan y asesinan a niñas indefensas; para aquellos malhechores que, como Víctor Alexánder Portorreal Mendoza (El Metálico) sesgan la vida de una familia inocente. Podemos citar varios casos pero el tiempo no nos alcanza. 

Ninguna teoría proveniente de personalidades e instituciones públicas y privadas, supuestamente expertas en el tema, podrán convencerme de que la instalación de centros correccionales en las cárceles del país lograría la regeneración de éstos "malditos" asesinos, en razón de que desde niños tienen la mente y el corazón podridos. Para estos casos, es oportuno acudir a una célebre frase que de generación en generación se ha incrustado en el argot popular: "Muerto el perro y se acabó la rabia".

Pero, además, no hay ni existe garantía de que los criminales regresen a la sociedad como personas de bien, luego de someterse a un proceso de formación y capacitación. 30 años de prisión no son suficientes para pagar los daños físicos y psicológicos que se producen cuando un miembro de una familia es asesinado por un bandido indolente e inhumano, poseído por la maldad y el terror. 

Quien comete tan horrendo crimen merece la muerte, una muerte lenta, con los más crueles métodos de tortura y represión; ellos deben sentir el dolor que siembran en las familias de las personas que matan. Nuestra justicia es tan blanda que los malhechores han perdido el miedo al régimen de consecuencias que tenemos, por eso, prontamente se han apoderado de las calles y de la sociedad. 

Mientras no tengamos un código de justicia que instaure temor en los agresores de la Ley, lamentablemente los delincuentes continuarán asesinando a personas por el simple hecho de que la víctima conoce a su verdugo, por un celular que - sin tomar en cuenta el valor del equipo - lo venden por $RD2000 o $RD3000 mil pesos, o para despojar a un humilde empleado del dinero que con tantos esfuerzos obtuvo producto de su salario mensual.

En el caso de la malograda Anneris Peña, asesinada durante un asalto a la joyería  Suáres en la calle el Conde del Distrito Nacional, no sólo sesgaron la vida de una joven humilde, honesta y trabajadora, sino que también eliminaron a una madre soltera, que desde hace varios años se había convertido en el único sustento de su familia, incluyendo a sus dos progenitores. Mientras dos padres lloran inconsolablemente la muerte de su hija mimada, ahora, cuatro niños ya no podrán recibir el amor, el cariño ni el respaldo económico de su madre, pero sobre todo, sus sabios consejos sobre las cosas buenas y malas de la vida.

Es por ello que los daños causados en éstos casos hay que verlos más allá de la desaparición física de una persona, por lo que suplicamos a nuestros legisladores y autoridades competentes que enfrenten el problema con la responsabilidad que requiere, mediante la creación y aplicación de leyes dirigidas a endurecer la pena. Conjuntamente con los planes educativos y de capacitación que proponen algunos expertos en el área, esas nuevas legislaciones deben necesariamente contemplar la pena de muerte y cadena perpetua en casos extremos, sobre todo cuando se trata de criminales reincidentes. Esto no solucionará el problema, pero sí ayudaría. 

Por último, les invito a que pensemos en la sociedad que tenemos y la sociedad que queremos, porque de seguir como vamos, la gente empezará a tomar la justicia en sus manos.

Por: Juan Ulises De La Cruz Lluberes

El autor es periodista y estudiante de Leyes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).