El gran dilema de las huelgas en la UASD

SANTO DOMINGO - El Código de Trabajo de la República Dominicana, en su art. 401, define la palabra huelga como “la suspensión voluntaria del trabajo concertada y realizada colectivamente por los trabajadores en defensa de sus intereses comunes”. Tomando en cuenta que las huelgas están consagradas como derechos constitucionales en distintas legislaciones del país, grupos y organizaciones sindicales aprovechan para exigir solución a problemas a través de manifestaciones que, en ocasiones, se tornan violentas y traumáticas.

Por tanto, el art. 406 del Código de Trabajo expresa textualmente: “son ilegales las huelgas que afectan la seguridad nacional, el orden público, los derechos y libertades ajenos o que se acompañen de violencia física o moral sobre las personas o cosas, del secuestro de personas o bienes o uso indebido de los equipos e instalaciones de la empresa, o que se acompañen de transgresiones a la Constitución”.

En el caso de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), es preocupante la cantidad de paralizaciones que, en los últimos años, realizan los sindicatos y asociaciones que convergen en la academia, ya que, además del mal ambiente que se crea en torno a la institución, las suspensiones de docencia afecta -principalmente- a los alumnos matriculados en esa alta casa de estudios.

Lo peor de todo es que buena parte de esas movilizaciones las ejecutan individuos encapuchados, cobijados en grupos estudiantiles para utilizar la violencia como método de lucha. Por consiguiente, el campus universitario en múltiples ocasiones ha sido escenario de caos y violencia causando muertes y heridos en medio de enfrentamientos de estudiantes y policías. 

Si hacemos una retrospectiva en el tiempo, se debe recordar los trágicos acontecimientos del pasado 8 de noviembre de 2012, donde el estudiante de medicina Willian Florián Ramírez, murió a manos de agentes policiales durante protestas escenificadas en la UASD. Más adelante, 23 de abril de 2013, se produjo el fallecimiento del coronel Julián Suárez Cordero, tras ser herido de gravedad por alumnos que se manifestaban por la muerte de una persona a mano de la policía en el campo universitario. Éstos son apenas dos ejemplos de las tragedias vividas en la UASD, producto del desorden causado por movimientos estudiantiles que interactúan en la Primada de América.

Si bien es cierto que la mayoría de los reclamos son justos y todos los ciudadanos tenemos el derecho de expresarnos libremente, los métodos utilizados por los manifestantes contradicen los artículos 45 y 47 de la Constitución dominicana. “El Estado garantiza la libertad de conciencia y de cultos, con sujeción al orden público y respeto de las buenas costumbres”, reza textualmente el art. 45 de la Carta Magna; asimismo, el 47 sostiene que “toda persona tiene derecho de asociarse con fines lícitos, de conformidad con la ley”.

Cuando se analiza los motivos de las protestas en las últimas tres décadas, llegamos a la lógica conclusión que los reclamos de maestros, empleados y estudiantes, son justos, debido a que en su mayoría procuran reivindicaciones y conquistas importantes para los uasdianos, pero en lo adelante se deben redefinir los mecanismos utilizados para llamar la atención de las autoridades universitarias y gubernamentales, a fin de evitar más muertes y heridos en estos acontecimientos.

Como egresado de ese centro de estudios, respaldamos y abogamos por un presupuesto que garantice a la comunidad estudiantil una educación de calidad, acorde con las exigencias que demandan los nuevos tiempos. En ese sentido, propugnamos porque se dignifiquen los saliros de maestros y empleados, levantamiento de obras de infraestructuras, construcción de nuevas aulas y asignación de más recursos para desarrollar estudios científicos.

Si para tales fines se hace necesario protestar, que lo hagan; pero tampoco se puede abusar del deber que la UASD tiene con el estudiantado de impartir docencia en un ambiente de tranquilidad, respeto y confraternidad, así como el compromiso con la sociedad de entregar profesionales capacitados en las distintas áreas del saber.

Lo cierto es que los tradicionales desórdenes escenificados por maestros, empleados y alumnos en la UASD, van provocando un ascendente descrédito de la universidad más vieja del Continente, y la institución dominicana que goza de mayor reconocimiento a nivel internacional. 

Por tanto, es responsabilidad del Gobierno dominicano y de las autoridades que dirigen la universidad, resolver los males que empañan el buen funcionamiento de la academia estatal para evitar males peores en un corto, mediano y largo plazo, sobre todo porque los mayores perjudicados serán los estudiantes de escasos recursos económicos del país que no tienen acceso a universidades privadas.

La UASD como universidad pública es la academia del país que registra mayor número de alumnos matriculados, y su autonomía es el resultado de fuertes luchas encaminadas por grupos estudiantiles y abrazados por importantes sectores de la sociedad. Pero no se debe abusar de la autonomía, a través de constantes desórdenes ante la mirada indiferente de las autoridades. Ese es el gran dilema de las huelgas en la UASD.