Sin embargo, entendemos que el jefe de Estado debió tomar tan drástica medida después de realizar una exhaustiva investigación, dispuesta por el Poder Ejecutivo para comprobar los niveles de culpabilidad del funcionario público.
La medida se produce a sólo cuatro días de que la periodista Alicia Ortega publicara un reportaje, basado en una investigación de nueve meses sobre numerosos documentos relacionados con empresas, inversiones y la utilización de vinculados al exdirector de la OPRET como testaferros.
Igual suerte corrieron el anterior ministro del SEA, José Joaquín Domínguez Peña, y la encargada del Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología (MESCYT), Ligia Amada Melo, ambos objetos de escándalos que causaron revuelo en la opinión pública nacional.
Al parecer, Medina no está dispuesto a cargar con la cruz de los funcionarios de su Gobierno que mal-utilizan los recursos del erario público. Si bien el actual mandatario prometió actuar hasta por el rumor público, un buen gobernante no debe proceder bajo presión de grupos sociales ni medios de comunicación, debido a que sus decisiones deben procurar la mayor equidad y justicia posible.
Independientemente de que todo indica que Diandino Peña es culpable de las acusaciones de corrupción en su contra señaladas por Alicia Ortega, antes de su destitución debió dársele la oportunidad de defenderse o, por lo menos, esperar los resultados del informe que presentará la Cámara de Cuentas en la auditoría que se realiza luego del citado reportaje.
La rapidez con que el mandatario destituyó al director de la OPRET, alimenta las conjeturas de sectores que plantean una crisis a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), sobre todo porque Medina ha sido muy eficaz y ágil para cancelar funcionarios que responden a la corriente que encabeza el expresidente de la República, Leonel Fernández, dentro de esa organización política.
La verdad es que la cancelación de Peña a solo cuatro días de publicar el citado reportaje de la periodista Alicia Ortega, además de precipitado, es sospechoso y caprichoso. Por tanto, los detractores del presidente Medina se preguntan, y con razón, si el decreto ya estaba redactado antes de la publicación periodística mencionada.
Si bien el presidente de la República posee la facultad constitucional de nombrar o cancelar un funcionario en el momento que considere oportuno, la destitución de Peña debió producirse después de una exhaustiva investigación dispuesta por el Poder Ejecutivo o en su defecto, tomar en consideración la auditoría de la Cámara de Cuentas, sobre todo porque el principio de presunción de inocencia debe aplicar para todos. De esta forma se habría evitado las conjeturas de que todo obedece a un enfrentamiento entre los sectores que encabezan Danilo Medina y Leonel Fernández en el PLD.
Por: Juan Ulises De La Cruz
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